LECTURA 2 LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y EL CONTROL SOCIAL EN VENEZUELA

Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (hasta 1958) hubo fuertes restricciones de las libertades y garantías civiles y políticas, y en momentos de crisis políticas y sociales el aparato policial asumió un rol protagónico en el mantenimiento del orden público, funcionando abiertamente como el arma principal del poder político del Estado y soporte en el cual descansaba el régimen dictatorial, cediendo al proceso de politización, participando activamente en el funcionamiento del sistema político como una “fuente de información objetiva del poder”. La violencia institucional se impuso ante la necesidad de cumplir con el principal atributo del aparato policial, el cual era el mantenimiento del orden público (político), fortaleciéndose un modelo policial autoritario en el que los intereses sociales quedaban subordinados a los políticos. Hasta el final del período, se desplegó una brutal represión, particularmente contra la clase obrera y los partidos disidentes. El fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1958, no supuso el final de la represiva y violenta historia política venezolana. Venezuela, a diferencia de otros países latinoamericanos, escapa al autoritarismo burocrático característico de los regímenes militares de la década de los sesenta y setenta, pero la ideología del control y la represión se mantendría, sólo que vestida de civil. A partir de los años sesenta penetra definitivamente en Venezuela -así como en otros países latinoamericanos- la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que definía los problemas de subsistencia y mantenimiento de la soberanía que se presentan en todo Estado nacional (García Méndez 1987). A través de esta Doctrina, los cuerpos militares y policiales venezolanos adquirieron conceptos y herramientas ideológicas y operativas para actuar contra los disidentes políticos, considerados enemigos internos. Esta nueva concepción de seguridad surgida a partir de la Segunda Guerra Mundial “introduce cambios sustanciales en las referencias teóricas de los planificadores de las políticas de seguridad de los países del continente latinoamericano” (Manrique 1996:41). El impacto que tuvo en Venezuela se siente con fuerza durante los primeros años de esta década, como consecuencia de la “recepción de ideas de origen principalmente argentino y brasileño, transmitidas a través del Colegio Interamericano de Defensa de Washington y que van a influir decisivamente sobre la doctrina y metodología de planificación de la Seguridad y Defensa que se van a difundir en el país” (Rey 1998:168). Desde entonces, el aparato represivo del Estado adquirió conceptos y herramientas, tanto ideológicas como operativas, para actuar contra los disidentes políticos. Para Bergalli 1983, en todo el continente, la política criminal que emerge de la DSN es una política del miedo, del terror de Estado. El politólogo Miguel Manrique distingue, dentro del esquema de la seguridad nacional, lo que será la distribución de funciones entre los Estados dependiendo del poder de cada uno de ellos para asumir la responsabilidad de resguardar la seguridad nacional. En este sentido, señala que “El Estado eje del hemisferio tiene la responsabilidad de la seguridad exterior del conjunto del sistema; en cambio, los Estados con menos poder se encargan, básicamente, de garantizar su seguridad interna; la cual podría verse amenazada por los efectos de la “Estrategia Indirecta del contrario” (1996:23). En este sentido y para los Estados menores en poderío, por decirlo de alguna manera, la inseguridad nacional se traduciría en la amenaza interior a la estabilidad política de esos Estados. Entonces, apoyados en la DSN y amparados en la suspensión de las garantías, actuaron los cuerpos de seguridad del Estado en la procura del mantenimiento del orden interno y como respuesta a las protestas populares (muchas de ellas a raíz de la misma suspensión de garantías constitucionales) Las políticas gubernamentales se centraron en la búsqueda de la estabilidad democrática y en el combate contra el comunismo. Mientras una nueva Constitución es promulgada en 1961 -caracterizada por el equilibrio de los poderes del Estado, por consagrar los más avanzados derechos fundamentales y por establecer la armonía entre los derechos de los ciudadanos y las necesidades sociales- se desempolva y renueva el viejo aparato de represión política (el mismo del que fueran víctimas durante la dictadura los integrantes del partido de gobierno), sólo que con otro nombre y bajo otra autoridad. El gobierno de Betancourt se ve gravemente afectado por la lucha de los distintos movimientos sociales y repetidas rebeliones militares que ocupan la atención del gobierno, trayendo como consecuencia la periódica suspensión de las recién estrenadas garantías constitucionales. Los nuevos cuerpos de seguridad del Estado actuaron apoyados en la DSN y amparados en la suspensión de las garantías, en la procura del orden público y como respuesta a las protestas populares (muchas de ellas a raíz de la misma suspensión). Las políticas gubernamentales se centraron en la búsqueda de la estabilidad del recién instaurado régimen democrático. La DSN le otorgaba a la seguridad interna un valor supremo, en el que el objetivo de guerra era el “enemigo” (disidente), al cual había que neutralizar y reducir. En los momentos de crisis política descritos, el nuevo gobierno democrático fue capaz de violar los mecanismos jurídicos e incluso ideológicos que ellos mismos habían creado para asegurarse la adhesión popular, utilizando contra la sociedad los instrumentos de coerción y violencia propios de los regímenes autoritarios. Según Maza Zavala y Malavé, durante el gobierno de Betancourt se negó la audiencia a planteamientos de verdaderas reformas, se clausuró el espacio político de la izquierda revolucionaria y se quebrantaron los términos de la “represión tolerable” (1980:20-21). En este sentido, y ante las constantes manifestaciones de malestar social y de protestas colectivas, el gobierno democrático revive la represión sistemática sobre los partidos disidentes y declara la censura política, ilegalizando algunos partidos de izquierda. Al rechazo político del gobierno siguió la declaración abierta de la lucha armada comunista. Mientras los partidos de izquierda eran censurados, los grupos gubernamentales de presión política continuaron actuando y la acción política violenta contrarrevolucionaria se fortaleció. Gobierno y oposición utilizaron la violencia como medio de comunicación, estableciéndose, de esta manera, un círculo vicioso y destructivo que, al menos para el Estado y algunos centros de poder, puede resultar funcional, por cuanto puede justificar la reacción, la emergencia y la represión. En este contexto la violencia, como reacción al conflicto, fue la opción elegida por el gobierno para “calmar los ánimos”, y mientras se exaltaban los atributos del Ejército como “garante de la integridad territorial de la Nación, protector de la Constitución, de las leyes y de los gobiernos del pueblo”, éstos -junto al renovado aparato de violencia- respondieron respaldando las políticas represivas del gobierno. Consecuentemente, las medidas gubernamentales en materia de seguridad se tradujeron en mayores dotaciones para las Fuerzas Armadas Nacionales, en el llamamiento a las filas de nuevos contingentes para asegurar el orden público y en la intensificación de la lucha antiguerrillas (Velásquez y otros 1980). A pesar de los intentos de racionalizar la violencia estatal -justificada por algunos por la amenaza permanente al sistema democrático y al sistema económico capitalista- el fracaso de la legalidad y de las instituciones democráticas en general se puso en evidencia a través del terrorismo de Estado, la utilización masiva de los recursos de fuerza y la impunidad. Durante los gobiernos siguientes, la figura del Estado interventor se intensificó y fortaleció, los innovadores programas económicos se caracterizaron por el olvido y, en cuanto al papel del Estado con respecto a la seguridad nacional, habiendo disminuido considerablemente la existencia de focos guerrilleros y aumentado la participación de los partidos políticos en el fortalecimiento de la democracia, las fuerzas represivas del Estado se abocaron a la búsqueda de un nuevo enemigo interno, ya no político. En este estado de cosas, la violencia institucional toma nuevos tintes, ahora menos políticos, pero mucho más generalizada.

FUENTE: http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/392/1/MD_HS_PNFT.pdf