Los cambios del Estado venezolano a partir de 1999, luego de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, proponen redimensionar la tradicional idea de ciudadanía, que más allá del reconocimiento expreso de unos derechos, se consolida con su ejercicio. La perspectiva teórica en políticas de seguridad ciudadana se estima de gran valor, en tanto que la evaluación de los contenidos y resultados de los mecanismos de intervención del Estado a través del Derecho penal para garantizar la protección de la seguridad ciudadana, genera valiosa información sobre la organización y funcionamiento de las instancias del sistema de justicia penal, y resulta fundamental para desarrollar herramientas que permitan la ejecución de prácticas, orientadas al logro de los objetivos de una política de seguridad ciudadana en el marco del Estado social y democrático de derecho, evitando el grave riesgo de acudir a políticas que signifiquen retomar la herencia de una larga tradición...